jueves, 26 de febrero de 2009

Reducen presupuesto de Iniciativa Mérida para México

La Cámara de Representantes aprobó hoy, dentro de la ley general de gastos de 2009, un presupuesto por 300 millones de dólares para México dentro de la Iniciativa Mérida, lo que reduce la propuesta original de 450 millones de dólares.

La ley de gastos, que aún debe ser votada en el Senado, indica que 75 millones de dólares de los fondos deben ser usados para la reforma judicial en México, construcción de instituciones, programas contra la corrupción y actividades de fortalecimiento del Estado de Derecho.

Al igual que en el presupuesto de 2008, el Congreso mantuvo condicionada la entrega de 15 por ciento de los recursos a que el Departamento de Estado avale en un reporte los esfuerzos de México a favor de la transparencia y contra la impunidad.

La petición presupuestaria original para la Iniciativa Mérida en el año fiscal 2009 consideraba 450 millones de dólares para México y 100 millones de dólares para Centroamérica. El total del plan es de unos mil 400 millones de dólares.

Para el año fiscal 2008, el Congreso aprobó el año pasado 400 millones de dólares para México y 65 millones de dólares para Centroamérica, como parte de la ley de gastos para Irak.

La ley de gastos fija asimismo un plazo de 45 días para que la secretaria de Estado Hillary Clinton entregue al Congreso un plan detallado de gastos, desarrollado en consulta con las autoridades mexicanas.

Para el caso de Centroamérica, la ley de gastos incluyó un presupuesto de 105 millones de dólares, de los cuales 35 millones de dólares deber ser usados para reforma judicial y programas contra la corrupción oficial, entre otros.

Los países que recibirán los fondos son Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá.

En su sección dedicada a la asistencia al hemisferio occidental, la ley de gastos incluyó además 251 millones de dólares para Haití.

Es probable que la iniciativa de gastos del año fiscal 2009 sea objeto de modificaciones en el Senado, por lo que el proyecto tendría que ser objeto de una conferencia bicameral para conciliar versiones.

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