Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que la crisis económica empeorará, y ante ello anunció una nueva etapa de la resistencia civil para buscar soluciones colectivas que eviten cobros indebidos en el consumo de combustibles, electricidad, agua, predial, tarjetas de crédito, hipotecas o cualquier otro abuso de autoridad o de prestadores de servicios, así como proteger las pensiones de los trabajadores que, afirmó, han perdido más de 50 mil millones de pesos en los meses recientes.
En asamblea general con miles de brigadistas reunidos en el Zócalo capitalino, el ex candidato presidencial llamó a nuevas movilizaciones ante la Secretaría de Hacienda, las oficinas de Luz y Fuerza del Centro, la Comisión Federal de Electricidad y la Asociación de Bancos de México, y manifestó que “la triste realidad” que viven miles de mexicanos se traduce en desempleo, carestía, pobreza, inseguridad y violencia, “pero sobre todo existe incertidumbre y empieza a manifestarse la angustia y la frustración”, frente a un ambiente de insensibilidad e indolencia del gobierno.
Agradeció el apoyo y expresó su reconocimiento a los dirigentes del Frente Amplio Progresista (FAP), en particular el petista Alberto Anaya, el presidente nacional de Convergencia, Luis Maldonado, y los perredistas Alejandro Encinas y Alejandra Barrales, presidenta del PRD capitalino, todos presentes en la reunión.
López Obrador debió aguardar 15 minutos para iniciar su discurso, pues justo cuando iba a tomar la palabra se inició el llamado a misa en Catedral; mientras algunos asistentes protestaron, otros aprovecharon para asistir a la celebración litúrgica, aunque debieron dejar en las puertas del atrio sus pancartas y propaganda. También destacó el operativo que desplegó la Policía Federal Preventiva, con elementos femeniles en toda la acera del Palacio Nacional, detrás de vallas metálicas.
En el discurso, López Obrador confirmó que a partir de febrero se instalarán 31 casas en defensa de la economía popular en las capitales de los estados, así como 16 en las delegaciones del Distrito Federal. Señaló que las acciones de resistencia civil permitirán “seguir presionando al gobierno usurpador” para que proteja al pueblo porque, dijo, “todo apunta a que la situación va a empeorar”. Ejemplificó que el peso se devaluó 40 por ciento respecto del dólar y continúa en aumento el despido masivo de trabajadores.
Cuestionó la falta de voluntad y capacidad del gobierno calderonista para enfrentar ese desafío, “porque está atrapado en la red de complicidades y componendas que se tejió desde el fraude electoral. Está atado de pies y manos. Además es muy inepto”.
Explicó que la crisis nacional se origina por la corrupción y la desigualdad, que derivan en un mal gobierno, y señaló como responsables a quienes se adueñaron del poder y de las instituciones. “En nuestro país existe una república aparente, simulada, falsa; hay poderes constitucionales, pero en los hechos un grupo los ha confiscado. Esta especie de dictadura encubierta no sólo nulificó la vida democrática, sino causó una profunda desigualdad económica y social”, resaltó.
Advirtió que en contraste “se ha creado una clase parasitaria de altos funcionarios públicos y políticos que gozan de privilegios”. Recordó que desde 2000 los gobiernos federales panistas aumentaron el gasto corriente en 72 por ciento, y que en los dos años de Felipe Calderón ha crecido en 400 mil millones de pesos.
“Ahora bien –se preguntó–, si no ha habido crecimiento económico, si hay una profunda desigualdad social y se padece de una dictadura encubierta, ¿cómo es entonces que no ha habido un estallido social? La respuesta tiene que ver con la nobleza y la vocación pacifista de nuestro pueblo, y con el papel de válvulas de escape que han jugado la economía informal y el fenómeno migratorio.”
Pero acotó que aun cuando no se ha desbordado el descontento, la manifestación más inequívoca del fracaso de la política económica vigente es “el crecimiento tan preocupante de la desigualdad y de la violencia”. Insistió en que un cambio económico no surgirá de la clase política en el gobierno, “empecinada en el lucro, en el discurso de la mentira y en el desdén, pensando que con el control de los medios de comunicación seguirá imponiéndose”. Por ello, dijo, la movilización debe continuar.
Antes, Alejandro Encinas detalló la estrategia de esta nueva etapa de la resistencia civil pacífica: campaña de difusión, del 26 al 30 de enero; martes 3 de febrero, a las 17 horas, mitin frente a Hacienda, en la avenida Hidalgo de la ciudad de México, para exigir un cambio en la política económica y demandar que bajen los precios de la gasolina, el diesel, la luz, el gas, se derogue el IETU y se protejan los fondos de pensiones; miércoles 17 de febrero, a la misma hora, asambleas del movimiento frente a las oficinas de LFC y de CFE, en las 31 entidades y el Distrito Federal.
El siguiente mes, apertura de las casas del movimiento; 3 de marzo, a las 17 horas, mitin frente a la AMB, en rechazo a las altas tasas de interés en las tarjetas de crédito; miércoles 18, a la misma hora, reunión de evaluación sobre la defensa del petróleo en el monumento a Lázaro Cárdenas, en el Eje Central, y el 22, a las 10 horas, en el Zócalo capitalino, asamblea informativa.
En la última parte de su discurso, Andrés Manuel López Obrador exigió la cancelación del proyecto multimedia Resplandor teotihuacano y protestó por los daños ocasionados a esa zona arqueológica. También expresó su solidaridad y la del movimiento con los familiares de los 65 mineros que murieron en Pasta de Conchos, y a los mineros de Cananea, en huelga desde hace 18 meses, que “sufren acoso, represión y confabulación entre autoridades federales y el dueño de Grupo México”.
Igual solidaridad expresó a los potosinos que defienden el cerro de San Pedro, explotado por la Minera San Xavier; al pueblo de Zimapán, Hidalgo, que rechaza la construcción de un basurero de residuos tóxicos, razón por la cual, afirmó, el tribunal electoral desconoció al alcalde electo del PRD, José María Lozano. También se refirió al caso del presidente municipal electo de San Marcos, Guerrero, a quien se le quitó, dijo, el triunfo para dárselo al PRI.
Exigió la libertad de los maestros de Mexicali Héctor Manuel Lara, Carlos Antonio Castro y Álvaro Escamilla, encarcelados “con la complicidad del gobernador panista José Guadalupe Osuna” por encabezar un movimiento en contra de Elba Esther Gordillo.
Demandó la libertad de los “presos políticos” de Atenco y de todos los luchadores sociales hostigados o privados de su libertad por la defensa de causas populares y del medio ambiente; reiteró su solidaridad a los periodistas Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez; respaldó a los trabajadores técnicos de Pemex por organizarse y defender sus derechos, y expresó reconocimiento a campesinos y pescadores.
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